Por William R. Wynn / TULSA, OK

El Jueves por la tarde el Décimo Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Denver envió un doble golpe a la “Oklahoma Taxpayer and Citizen Protection Act of 2007”, la pólemica y controversial ley anti inmigrante decretada por la HB 1804 hace casi tres años.

En dos de tres desafios en el contenido de la ley de empleadores, la corte falló en favor de los demandantes, un variado grupo de intereses comerciales que incluyen a Tulsa, el Estado de Oklahoma y a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Estas eran las noticias que los inmigrantes y los defensores de los derechos humanos en Oklahoma y en todo el país estaban esperando oir. Es un fracaso para el Ministro de Justicia de Oklahoma, Drew Edmondson y para otros funcionarios estatales nombrados en el Juicio Federal. Un panel constituido de tres jueces de Nuevo México y Colorado dictaminaron que los demandantes tienen el derecho legal para que el Estado de Oklahoma prohiba hacer cumplir dos secciones de la ley.
Como resultado del fallo, prohibe al Estado de Oklahoma hacer cumplir las secciones 7-C y 9 de la ley. La Sección 7-C impedía a los empleadores despedir trabajadores que son ciudadanos americanos o residents permanentes y si tenían a un trabajador indocumentado en la planilla de sueldos. La Sección 9 requería que los empleadores verifiquen el estatus legal de los trabajadores que contrataban.
Las dos secciones fueron eficazmente anuladas porque el tribunal de la corte estuvo de acuerdo con que ellas estaban por encima de la ley federal lo cual podría crear conflictos cuando el empleador no pudiera cumplir con la ley estatal y federal al mismo tiempo.
El abogado Marvin Lizama es el presidente de la Coalición del Sueño Americano grupo de defensa de los inmigrantes sin fines de lucro con base en Tulsa señaló que: “En mi opinión, el Décimo Circuito envió un mensaje muy claro a la legislatura de Oklahoma porque la intromisión en asuntos de inmigración no corresponden al Estado porque es una la ley federal,” dijo Lizama después de leer la decisión del tribunal.
La tercera provision de la ley , que entrará en vigor  ahora estará sujeta a un posible desafío en la Corte Suprema estadounidense, permite que Oklahoma obligue a los negocios que contratan con el Estado usar “el " “Piloto Básico”  de verificación electrónica para determinar el estado de todos los empleados. (La Semana del Sur)